Este seis de setiembre de 2021 llegamos al XXXI Aniversario de la jornada cívica protagonizada por la población huancaína en protesta por las abusivas tarifas, deficiente prestación de servicios públicos y falta de respeto por los derechos de usuarios y consumidores. Fue en 1990, ya en el gobierno de Alberto Fujimori.
Por primera vez -si no estamos mal informados- a nivel nacional, en la Incontrastable Ciudad se gestó tan singular jornada reivindicativa de un sector importante como débil del mercado, los usuarios y consumidores. Hecho que no debiera pasar desapercibido, si sus autoridades municipales tendrían idea de su significado en una economía de libre competencia y se identificaran con la historia de nuestra tierra.
Podríamos decir que fuimos pioneros de las luchas por la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores del país, o por lo menos que despertamos interés por el tema, que pese a lo avanzado hasta estos días -incluyo el Código de Consumo- todavía no alcanza los niveles óptimos que exhiben otros pises, como expresión de modernidad en las relaciones comerciales de oferta de bienes y servicios y la demanda (necesidad) de su prestación.
Un contundente paro provincial con entusiastas movilizaciones, notificaban al gobierno y a las empresas de servicios públicos (agua, electricidad, telefonía) nuestra protesta por el abusivo incremento de tarifas y pésima calidad de sus servicios, así como la demanda de eliminar ese abusivo «primero pague y después reclame» y la efectivización inmediata -de acuerdo a ley- de la trasferencia de SEDA-JUNÍN a la Municipalidad de Huancayo.
Me tocó, en condición de Alcalde, convocar a la jornada. Valga la oportunidad para recordar a Rafael Casafranca Ramos con sus arengas a la población desde uno de los balcones del Palacio Municipal, a participar en el mitin con el que iniciaríamos la jornada, soportando una “lluvia” de bombas lacrimógenas lanzadas por la policía al interior del recinto del gobierno municipal en su objetivo de descabezar e impedir la concentración.
También a nuestro Obispo, Emilio Vallebuona Merea que, en el cruce de la Calle Real y el Jr. Lima, cuando la marcha iba resuelta hacia la Prefectura a entregar el petitorio, evitó un inminente enfrentamiento entre los manifestantes y la policía, al ponerse –valientemente- frente al “rochabùs” y evitar su embestida; a la Cámara de Comercio, sindicatos de vendedores, gremios de transportistas y a líderes populares que escapan a mi memoria (pido disculpas por no nombrarlos).
Importa reivindicar la fecha de la jornada por la contundencia, características, mensaje y sus logros. Los diarios de la época (La Voz de Huancayo, Correo) deben haber consignado su proceso. Merece evaluar sus efectos positivos porque el acontecimiento ya es parte de la historia cívica de la Incontrastable. Nos motivó y comprometió a no olvidarnos de continuar en el fortalecimiento y ampliación de lo conseguido como un mejor trato e inclusive rebaja de tarifas.
En nuestro paso por la alcaldía y en esa condición por la Presidencia del Directorio de SEDAM-HUANCAYO, empresa que creamos en junio de 1992, eliminamos ese abusivo “pague primero y después reclame”, reemplazándolo por “reclame, reciba la respuesta y después, si es justo, pague” (ahora es ley) y mejoramos sustancialmente sus servicios, conscientes que el mensaje de la jornada debería tener eco en la acción.
En el Congreso, después de una interesante batalla legislativa, se creó la Primera Comisión Ordinaria de Defensa del Consumidor y Organismo Reguladores de la historia del Parlamento, de la que, a nombre de Huancayo, fui su primer Presidente. Pusimos en la agenda nacional, la problemática, l normas y la necesidad de otras, que garanticen el respeto por la dignidad y los derechos de usuarios y consumidores del país.
Creo haber honrado la jornada, sentando las bases del avance de estos días, estableciendo una agenda con temas como los abusos en las tasas de intereses bancarios (activos y pasivos) primas del SOAT, servicios de telefonía, electricidad, agua, montos de jubilación, así como la necesidad de reforma de las AFP. Iniciamos el perfeccionamiento y fortalecimiento de los organismos reguladores, etc. La emergencia y dolorosas experiencias del tiempo de pandemia del COVID, demandan avanzar en el objetivo.
Logramos para Huancayo un “Plan Piloto de Descentralización” de los organismos reguladores, abriendo las dos primeras oficinas descentralizadas a nivel nacional: OSIPTEL y SUNASS, en un local que inauguramos en la segunda cuadra del jirón Cusco. Lamentablemente hasta ahora, esas, como sucede en otras partes del país, no pasan de ser mesa de partes. Deben descentralizarse con mayores competencias.
Claro, queda mucho por hacer. Urge la revisión del Código de Defensa y Protección de los Derechos del Consumidor (El pasado 2 cumplió 12 años) y extraer su defensa del INDECOPI, por ser una nula. Lo digo con conocimiento de causa, ya que por RM 477-009-PCM conformé la Comisión Revisora del Anteproyecto del Código, a la que renuncié por considerar que la mayoría de sus miembros actuaban en contra de amparar eficazmente los derechos de usuarios y consumidores, con sesgo mercantilista, como que en efecto sucedió.
