Junín.- La Contraloría General identificó a quince (15) personas con presunta responsabilidad penal y administrativa, entre funcionarios y fiscalizadores de la Municipalidad Provincial de Huancayo en la irregular anulación de papeletas de infracción a locales comerciales impuestas entre los años 2019 y 2021.
Entre los involucrados se encuentran cinco gerentes de la Gerencia de Promoción Económica y Turismo, siete fiscalizadores, un auxiliar administrativo, la asesora legal y su asistente que continúa trabajando a la fecha, mientras que los demás cumplieron labores entre los años 2018 y 2023 con contrato DL 728, DL 276 y CAS.
De acuerdo al Informe de Auditoría N° 042-2023-2-0411-AC, durante varios operativos realizados entre el 2019 y 2021, los fiscalizadores impusieron papeletas con multas por un total de S/ 107 mil 500 en contra de establecimientos comerciales donde se realizaban actividades económicas diferentes a las otorgadas en sus licencias de funcionamiento, como peñas, discotecas, locales dedicados al rubro de alimentos, hospedajes, comida, entre otros.
Entre las infracciones cometidas se encuentran las de no exhibir la licencia municipal (multa S/ 420), cambio de giro comercial sin autorización municipal (multa S/ 8 400), no contar con licencia municipal (multa S/ 8 400), carecer de autorización para instalar anuncios publicitarios (multa S/ 1 050) y que en muchos casos ocasionaban la clausura temporal y definitiva y la retención de productos y bienes.
Sin embargo, se verificó que, en varias papeletas impuestas y de manera reiterativa, se consignaron datos que no correspondían en fechas, número de RUC, dirección del local, código de infracción, datos del local y del propietario. Ello generó la anulación de las mismas -incluso a solicitud de los propios fiscalizadores- sin efectuar la subsanación de las papeletas, como indica el Reglamento de Aplicación de Infracciones y Sanciones Administrativas (RAISA) y como se había realizado en anteriores ocasiones, hecho que fue permitido y aprobado por sus superiores jerárquicos.
Se determinó además que la autoridad administrativa declaró la procedencia de los descargos presentados por los propietarios de los locales intervenidos con la consecuente anulación de papeletas, exponiendo razones ajenas a los hechos materia del recurso y dejaron de lado las evidencias que acreditaban el hecho infractor.
De esta manera, se afectó la transparencia y legalidad con el fin de beneficiar a los propietarios de los locales a quienes no se les efectivizó las multas y se les permitió que sus establecimientos comerciales continúen en funcionamiento, incluso algunos que ya tenían orden de clausura.
Sumado a ello, la Contraloría identificó que la municipalidad no cuenta con lineamientos para la anulación de papeletas, lo que genera el riesgo de que se proceda distinto en situaciones idénticas, también carece de controles internos para el registro digital de las papeletas y el resguardo de la información en su versión física, lo que genera el riesgo de pérdida, sustracción o eliminación.
Por tal razón, se ha notificado el informe a la Procuraduría Pública Anticorrupción para iniciar las acciones penales en contra de los funcionarios y servidores comprendidos y a la municipalidad para el deslinde de las responsabilidades administrativas que correspondan.
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