El delito de lavado de activos consiste en la conversión o transferencia de bienes y recursos económicos que provienen de actividades ilícitas, como el delito de organización criminal, la corrupción, el contrabando, entre otros, con el fin de ocultar su origen y aparentar que tienen una procedencia licita. Este ilícito penal se realiza de manera sistemática y sofisticada, utilizando diferentes técnicas y herramientas para ocultar el origen ilícito de los recursos.
El lavado de activos resulta ser complejo y difícil de investigar y perseguir, debido a la complejidad de las transacciones y la dificultad para seguir el rastro del dinero. Sin embargo, la mayoría de los países tienen leyes y mecanismos para prevenir y combatir este delito. En muchos casos, se establecen organismos especializados para la investigación y persecución de este delito, así como para la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos.
De forma mayoritaria, la doctrina penal peruana postula que el lavado de activos protege varios bienes jurídicos, denominándolo delito pluriofensivo. Siendo el principal de ellos el sistema socioeconómico, por lo que se sostiene que puede afectar la estabilidad financiera y económica de un país, ya que el ingreso de grandes sumas de dinero ilícito puede generar distorsiones en el mercado y en la economía en general.
Finalmente, se puede afirmar que este tipo penal sanciona toda conducta destinada a brindar de una apariencia de legalidad a bienes obtenidos mediante la comisión de un delito previo. Entre las modalidades o mecanismos para lograr dicho fin encontramos a la creación de empresas “fachadas”, compra de bienes inmuebles, transferencias a cuentas bancarias en países denominados “paraísos fiscales”, como cualquier otra actividad que logre ocultar el origen ilícito del bien.
