Dina Boluarte se mantiene en el poder a pesar de las protestas (hasta el 10 de marzo con al menos de 66 muertos, con comisarías y fiscalías quemadas, con el terrible escenario de un policía quemado y la alta desaprobación del más 80% que no la quiere). La Fiscalía peruana está investigando a la presidenta Boluarte y al primer ministro Alberto Otárola por los presuntos delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves.
El gobierno está en piloto automático ya que no hay una agenda social real que pueda acercarla a la población y quién a su vez la desaprueba en más del 80%. Las tardías respuestas y la no identificación de líderes sociales y de los gobernantes locales y regionales no le han permitido establecer un diálogo ante las múltiples protestas y movilizaciones. Este escenario pone evidencia la fragilidad política y que está sobreviviendo por una suerte de pacto tácito e implícito con una parte del Congreso que pretenden quedarse hasta el 2026.
A la ahora, presidenta Dina Boluarte, la emplazan por faltar a su palabra “Si Ud se va Señor presidente Castillo, me voy con ud”. Y esa recurrente falta de palabra la podría colocar en un escenario de nuevas protestas, debido a que «no se ha resuelto el adelanto de elecciones generales y la respuesta no satisfactoria por los fallecidos en las protestas sociales”. Sumado a ello, la presión que van ejercer los aliados circunstanciales en el Congreso, porque no les conviene un adelanto de elecciones. En tanto, no se descarta un escenario de vacancia tal como pasó con el “lagarto Vizcarra”.
Las situaciones de emergencia ameritan cambios rápidos y respuestas inmediatas para resolver los conflictos sociales, eso no es una cualidad de la presidenta Dina Boluarte, ya que no está preparada para gobernar el país. Los bonos no son una solución a la reactivación económica y tampoco es un alivio a la economía familiar. Hoy miles de familias han perdido todo a causa de los desastres naturales climatológicos y las respuestas inmediatas del gobierno deben ser en proporcionar un lugar para albergarlos, alimentos, ropa, medicina, etc.
Somos un país donde se asolapa y se normaliza la corrupción, eso debe cambiar, por tanto, exijamos que se dé sanciones severas a los responsables que no atendieron lo notificado por SENAMHI en setiembre del 2022. ¿Qué pasó con el presupuesto público destinado a la “reducción de la vulnerabilidad y la atención de emergencias por desastres”?
Recordemos que Justicia es cuando se atiene a tiempo y sin dilataciones; hacerla esperar es injusticia.
